La portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, defendió hace unos días la expulsión de ocho millones de inmigrantes y sus hijos, apelando al “derecho de los españoles a sobrevivir como pueblo”.

Otras declaraciones polémicas han sido las que realizó hace unos meses Carles Puigdemont con motivo del acuerdo entre el PSOE y su partido sobre la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. El líder de Junts per Catalunya dijo en un discurso: “No podemos garantizar el futuro de nuestra identidad nacional basado en la lengua, basado en la cultura y basado en los valores propios de la catalanitat”.

Este acuerdo se plasmó en una proposición de ley que generó un gran debate en la esfera política y revuelo en los medios de comunicación, tachándola en algún caso de inconstitucional, racista y xenófoba.

La ley establece un nuevo contrato social que, aparte de proteger a las personas inmigrantes de la potencial vulneración de sus derechos, refuerza la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura.

No es de extrañar, como apuntaba Zymungt Bauman en su obra Extraños llamando a la puerta, que la afluencia de extranjeros en el contexto actual constituya una tentación a la que muy pocos políticos se pueden resistir. Tenemos también el ejemplo de la proclama Make America Great Again, que convierte a Donald Trump en el gran hombre defensor de la patria que condena a los inmigrantes y los identifica como una amenaza invasora.

¿Existen las fronteras étnicas?

Es fácil apreciar en todo ello postulados nativistas en los que la identidad nacional constituye la base fundamental de la noción de ciudadanía basada en el hecho de haber nacido en un país determinado.

En este marco, los Estados-nación se erigen como una fortaleza asediada por los extranjeros que establece, como señalan algunos autores, una frontera étnica entre nosotros y ellos, entre lo ilegal y lo legal, entre el no-ciudadano y el ciudadano, entre quien no tiene derechos y sí los tiene.

En consecuencia, cabe preguntarse, ya sea en términos de alcance nacional, regional, local, o incluso en el marco de la Unión Europea: ¿están en peligro nuestros valores, nuestra cultura, nuestra identidad? Y si así fuese, ¿es la inmigración la culpable de ello?

La respuesta a esto no está en el multiculturalismo o en la diversidad cultural, sino en el propio fenómeno de la globalización. Este proceso que impone un modelo económico neoliberal comporta una homogeneización cultural y pone en peligro los sistemas lingüísticos de las minorías culturales. De hecho, según la UNESCO, de las aproximadamente 7 000 lenguas en uso, 1 500 corren el riesgo de desaparecer.

La conectividad de la cultura a través de la red genera desterritorialización o, lo que es lo mismo, desconexión de la cultura con el lugar. Así pues, para muchos, sobre todo jóvenes, la comunidad ya no es el espacio en el que vivimos, sino internet (comunidad virtual), un nuevo espacio donde afirmar la identidad personal y un sentido de pertenencia.

La frase “sin integración no hay nación” plantea un viejo debate. Una integración que solo afecta a los de fuera (son ellos, los extranjeros, los que se tienen que adaptar a nosotros) y, por tanto, sigue una lógica asimilacionista. Esto dificulta que se pueda explicar de forma sencilla la integración cuando distinguimos entre ciudadanos nacionales/europeos y residentes/extranjeros.

La ciudadanía proporciona derechos y deberes a los individuos y está anclada a una nación. En este caso, solo los extranjeros pueden conseguir el estatus de ciudadano (derechos plenos) si adquieren la nacionalidad española y, con ello, han formalizado teóricamente su proceso de integración en la sociedad española, vasca, catalana…

Integración frente a raíces culturales

Y es aquí donde nos planteamos si un individuo sin plenos derechos, pero que cumple con sus deberes u obligaciones, como ocurre con la gran mayoría de extranjeros, puede estar integrado socialmente. Y si fuese que sí, que lo es, ¿es necesario que abandone sus raíces culturales o puede mantener su identidad cultural siempre y cuando no vayan en contra de los valores democráticos que sustentan nuestra sociedad? Y, por terminar, ¿un ciudadano nacido en España puede estar o sentirse no integrado en nuestra sociedad o por el hecho de haber nacido aquí ya debe estarlo?

En las sociedades multiculturales, donde aparecen identidades múltiples, híbridas, transnacionales (de varios países), fruto de los movimientos migratorios y de la globalización, debemos plantear el concepto de ciudadanía hacia un modelo inclusivo (no ligado a la nacionalidad sino en la condición de estar y por tanto ser). Este modelo, como plantea Adela Cortina en su obra Ética Cosmopolita, lleva a construir una sociedad cosmopolita en la que todos los seres humanos sean y se sientan ciudadanos. Es aquí donde reside uno de los grandes retos de nuestro tiempo.