La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha celebrado la primera jornada del Congreso Internacional ‘Poder Judicial y Democracia’ en la sede San Juan y San Vicente. Ha inaugurado el encuentro la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, que ha asegurado que “la adaptación al nuevo modelo en el sistema de justicia derivado de la Ley de Eficiencia Organizativa se ha realizado sin la necesaria coordinación por parte del Ministerio, con plazos muy ajustados y sin que se haya dotado a las comunidades autónomas de los recursos extraordinarios que son necesarios para afrontar una reforma de semejante calado”.

“Esta falta de planificación y consenso por parte del Ministerio ha supuesto un esfuerzo extraordinario por parte de la Generalitat en la adopción de las medidas requeridas. Resulta imprescindible una planificación seria y coherente por parte del Ministerio que no se limite a anuncios puntuales, sino que impulse de forma decidida las convocatorias necesarias de jueces, garantice la cobertura efectiva de las plazas y dote al sistema de los recursos adecuados”, ha remarcado.  

En su intervención en el congreso -en el que se han reunido destacados representantes del ámbito judicial, académico e institucional para reflexionar sobre los retos actuales del poder judicial en el marco del Estado democrático-, la consellera ha subrayado que, “sin una estrategia integral y sostenida en el tiempo, sin planificación y sin recursos”, las medidas adoptadas por el Ministerio “corren el riesgo de quedarse en soluciones parciales que no afrontan en su verdadera dimensión el problema del grave déficit de jueces existentes en España, muy por debajo de la media europea”.

“La creación de las 58 nuevas plazas judiciales en la Comunidad Valenciana por parte del Ministerio constituye, sin duda, una noticia positiva. Este anuncio es fruto de la incansable reivindicación, tanto del Consell como del Tribunal Superior de Justicia valenciano, del Consejo General del Poder Judicial y también del apoyo recibido por parte de la vocal territorial, Esther Rojo. Y es un avance relevante para que tengamos una administración de justicia digna en esta tierra. Aun siendo positivo, no resuelve por sí solo el problema de fondo: ampliar el número de plazas sin garantizar simultáneamente el incremento real de jueces disponibles puede resultar insuficiente”, ha añadido.

De igual modo, Martínez ha señalado que la cobertura de las plazas para jueces debe hacerse atendiendo “a los principios de mérito y capacidad en el acceso a la carrera judicial para garantizar así la independencia” en el desempeño de la función jurisdiccional.

“Sólo cuando quienes juzgan pueden hacerlo libres de condicionamientos externos es posible asegurar decisiones justas”

Por otra parte, la consellera ha hecho hincapié en que “hablar del poder judicial es hacerlo sobre uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática y de su papel insustituible en el buen funcionamiento de una democracia; es, en definitiva, hablar de la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho y de la fortaleza de nuestro sistema democrático”.

“La democracia no se limita únicamente al ejercicio periódico del derecho a voto ni a la existencia formal de instituciones representativas. Al margen y además de lo anterior, una democracia auténtica se mide sobre todo por su capacidad para garantizar derechos y asegurar que todas las personas, sin excepción, sean tratadas con igualdad ante la ley”, ha aducido Martínez.

En ese cometido, la consellera ha indicado que el poder judicial ocupa una posición “central” como “garante último” de los derechos fundamentales: “Por ello, su independencia, su imparcialidad y su eficacia no son privilegios, sino que son condiciones indispensables para la vigencia de la democracia misma. No se trata de una prerrogativa institucional, sino de una salvaguarda directa de los derechos de toda la ciudadanía. Solo cuando quienes juzgan pueden hacerlo libres de condicionamientos externos, sometidos únicamente al imperio de la ley, es posible asegurar decisiones justas y plenamente respetuosas con nuestro ordenamiento jurídico”.

Carmen Llombart: “Se pretende establecer otras vías de acceso a la judicatura, soslayando el mérito, la excelencia, que se obtiene con unas pruebas objetivas”

Por su parte, la magistrada de la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Carmen Llombart, ha calificado de “inoportuna” e “innecesaria” la reforma de las oposiciones a la judicatura y fiscalía impulsada por el ministro Félix Bolaños: “El acceso a la carrera judicial debe basarse en el mérito y la capacidad, cosa que garantizan las oposiciones libres. Y no sólo eso, también garantizan la neutralidad y la no discriminación. Ahora, sin embargo, se pretende establecer otras vías de acceso a la judicatura, soslayando el mérito, la excelencia, que se obtiene con unas pruebas objetivas”.

“En el sistema de oposición libre consta de tres exámenes, con uno de tipo test y dos orales. Esta reforma ya mina un poco la objetividad porque se ha sustituido la tercera prueba, sobre derecho procesal y derecho mercantil, por un dictamen práctico, algo completamente subjetivo. Si se buscaba la introducción de algo práctico, debían haberlo sumado a las pruebas ya existentes, pero no eliminar un examen tan importante”, ha expuesto.

Por otro lado, la magistrada del TSJ ha recordado que “las plazas que se reservan ahora para el cuarto turno son un cuarto de las plazas anuales para la convocatoria de oposiciones, que es competencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”. Sin embargo, “en el anteproyecto de Bolaños el número de plazas varía totalmente. Ya no es un cuarto, sino, como mínimo, una tercera parte de las plazas convocadas. Es decir, se está impulsando el cuarto turno frente a la oposición libre”.

“Hasta ahora, se ingresaba con oposición a la categoría de juez y para ascender a magistrado era necesario un periodo de cinco años trabajados. Según el anteproyecto de Bolaños, los que acceden a la carrera judicial por el cuarto turno entran directamente como magistrados, con lo que se saltan la categoría de juez y los cinco años que deberían haber realizado esa labor. Sin comentarios”, ha aducido.

“Los «juristas de reconocido prestigio», como los califica el anteproyecto de ley, no se presentan al cuarto turno; lo hacen juristas que han encontrado un tope en su carrera profesional”

Por otra parte, Llombart ha lamentado que el CGPJ ya no vaya a tener la “competencia” para la selección y redacción de las bases de las convocatorias, en favor de la Comisión de Calificación: “La garantía de objetividad en las pruebas queda minada, con un perjuicio grave para los opositores. ¿Qué joven va a estar tres o cuatro años preparándose una oposición, después pasar dos años de prácticas en la escuela judicial y luego trabajar cinco años como juez para poder ser magistrado? Se va a caer en una discriminación y una desigualdad absoluta”.

“Esta reforma otorga privilegios a esta vía rápida de acceso a la carrera judicial. No nos engañemos: los «juristas de reconocido prestigio», como los califica el anteproyecto de ley, no se presentan al cuarto turno; se presentan juristas que llevan diez años trabajando y han encontrado un tope en su carrera profesional”, ha subrayado.  

Asimismo, Llombart ha asegurado que, “cuando se ataca al Poder Judicial, se crea la sensación social de que la justicia no funciona, y ahí encuentran justificación para cambiar el modelo de acceso a la carrera judicial”, en referencia a las descalificaciones contra los jueces por parte de algunos partidos políticos, iniciadas tras las más de 1.200 excarcelaciones posteriores a la puesta en marcha de la Ley del 'sólo sí es sí' de 2022 y continuadas con resoluciones como la del Tribunal Supremo sobre el caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz.

“Bienvenidas sean las críticas a las resoluciones judiciales, eso no supone un problema. Lo grave es la injerencia política en el Poder Judicial, atacar a jueces concretos con nombres y apellidos, poniendo etiquetas de «conservador» o «progresista». El descrédito personal de los jueces mina la independencia de la judicatura y la confianza de la ciudadanía en las sentencias”, ha indicado.

Rector: “Cuando la competencia no está acompañada por la virtud el derecho corre el riesgo de convertirse en un instrumento de poder”

Ha participado también en la inauguración del congreso el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán. En su intervención, Pagán se ha dirigido a los estudiantes de Derecho reunidos en la sede San Juan y San Vicente, a los que ha recordado que “la excelencia profesional por sí sola no basta para ser un verdadero referente, como lo son los expertos aquí presentes y como estáis llamados a ser vosotros. El derecho no es simplemente una técnica; es, ante todo, un servicio a la justicia. Y la justicia no puede sostenerse sin una conciencia recta, sin una vida interior que ama la verdad más que el éxito y la integridad, más que el reconocimiento”.

“Es difícil, por no decir imposible, ser un auténtico referente en el propio ámbito profesional si no se es antes una buena persona. Porque el jurista no trabaja con cosas, sino con realidades humanas. Decisiones que afectan a la libertad, a la dignidad, al futuro de otros. Cuando la competencia no está acompañada por la virtud el derecho corre el riesgo de convertirse en un instrumento de poder. En cambio, cuando el conocimiento jurídico está iluminado por una conciencia formada y una vida honesta, se convierte en verdadero servicio al bien común”, ha incidido.

Así, el rector ha señalado que “la autoridad moral no se improvisa, se construye día a día en decisiones pequeñas y grandes, en la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. En una cultura que con frecuencia exalta la eficacia inmediata. Vosotros, queridos jóvenes, estáis llamados a recordar que el fundamento del derecho es la justicia y que el fundamento de la justicia es la dignidad de la persona. Y esta dignidad solo se custodia verdaderamente cuando el corazón del jurista permanece abierto a la verdad y al bien”.

“No temáis recorrer el camino largo. No temáis renunciar a los atajos que comprometen vuestra conciencia. La fidelidad a la verdad puede exigir sacrificio, pero da una libertad interior que ningún éxito exterior puede sustituir. Con el paso del tiempo, lo que permanece no es la brillantez momentánea, sino la rectitud constante”, ha afirmado.

Además de la consellera y el rector, han participado en la inauguración del encuentro la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, Aranzazu Juan, y uno de los directores del congreso, Francisco Silla, función que ha desarrollado junto a los profesores Antonio Orero y Juan Carlos Vegas.

Dirigentes de la Unión Internacional de la Magistratura, propuesta al Premio Nobel por el Gobierno de Noruega, han participado en el Congreso

En el congreso han intervenido, asimismo, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, con la ponencia ‘El fiscal instructor’, en la que ha analizado el papel del Ministerio Fiscal en el marco de las reformas del proceso penal y su incidencia en la independencia judicial.

Asimismo, el congreso ha contado con la participación de Galileo D’Agostino, presidente de sección de la Corte de Apelación de Roma y secretario de la Unión Internacional de Magistrados, que ha reflexionado sobre los peligros que se ciernen sobre la democracia. En la misma línea internacional, José Manuel Igreja, expresidente de la Unión Internacional de la Magistratura, ha centrado su intervención en ‘El asociacionismo judicial internacional como garantía de la independencia judicial’, poniendo el acento en el papel de las asociaciones judiciales en la defensa del Estado de derecho.

Por su parte, Esther Rojo, vocal del Consejo General del Poder Judicial y expresidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, ha pronunciado la ponencia ‘Independencia judicial: piedra angular del Estado de Derecho’, en la que ha profundizado en los principios que sustentan la función jurisdiccional como elemento esencial del sistema democrático.

Desafíos actuales del poder judicial para sostener la democracia

El congreso ha contado también con las intervenciones de Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, que ha pronunciado la conferencia ‘El poder judicial como garante de la democracia’; Gonzalo Sancho, magistrado de la Audiencia Provincial de Castellón, que ha analizado ‘Las últimas reformas procesales civiles’; y Sandra Lozano, magistrada de la Sección de Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Quart de Poblet, que se ha centrado en ‘Las últimas reformas procesales penales’; y José Soriano, decano del Colegio de Abogados de Valencia, que ha reflexionado acerca de la figura del abogado como garante de la independencia del poder judicial o ante las nuevas reformas procesales.

Han participado también en el encuentro Oswaldo A. Ordóñez, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima; Hermes D. Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal; y Adriana Orocú, presidenta del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de la Magistratura, cuyas intervenciones han versado sobre los desafíos actuales del poder judicial en el sostenimiento de la democracia desde el derecho comparado.