El Gobierno de España ha anunciado su intención de avanzar en un nuevo proceso de regularización administrativa, apoyándose en las vías ya existentes de arraigo y en el despliegue del nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo de 2025. El objetivo declarado no es solo dar respuesta a una realidad social consolidada, sino incorporar plenamente a la economía formal a cientos de miles de personas que ya viven y trabajan en el país, reforzando así la cohesión social y la sostenibilidad del sistema de protección social.

En este contexto, el envejecimiento acelerado, el descenso de la población autóctona, la presión creciente sobre el sistema de pensiones y el aumento de las necesidades en sanidad y cuidados plantean una pregunta clave: ¿quién va a sostener el Estado del bienestar en las próximas décadas y mantener una parte considerable del sector productivo? Esta cuestión suele abordarse desde el lado del gasto, pero el último informe del Consejo Económico y Social (CES) de España invita a mirar en otra dirección: las aportaciones económicas y laborales de la inmigración.

La inmigración no es un fenómeno coyuntural ni marginal. Es ya un componente estructural de la economía española y de la financiación del bienestar colectivo. Sin embargo, su contribución está limitada por un factor decisivo: la persistencia de la irregularidad administrativa.

Cotizantes hoy para las pensiones de mañana

Según el balance del mercado laboral 2025 del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde diciembre de 2019 la afiliación de trabajadores extranjeros ha aumentado un 45 %, y en 2025 alcanzó el 14,1 % del total de las cotizaciones al sistema. De acuerdo con el informe del CES, esta afiliación se traduce en cerca del 10 % de los ingresos de la Seguridad Social, pese a que el gasto público asociado a la población extranjera representa en torno al 1 % del gasto público total.

Esta diferencia se explica por su perfil demográfico: se trata mayoritariamente de población en edad activa, con tasas de participación laboral elevadas y un uso reducido de las prestaciones asociadas al envejecimiento, como pensiones o dependencia.

En un país donde el crecimiento demográfico reciente depende casi exclusivamente de la inmigración y donde la población autóctona en edad de trabajar disminuye, esta aportación resulta clave para el equilibrio del sistema de pensiones. Sin nuevos cotizantes, la sostenibilidad del sistema se resiente. Y una parte relevante de esos cotizantes potenciales ya está en España, trabajando.

El trabajo existe, los ingresos públicos no

La irregularidad administrativa no implica inactividad económica. La inmigración en España es mayoritariamente de carácter laboral y las personas de origen migrante presentan altas tasas de participación en el mercado de trabajo. Se concentran sobre todo en sectores con déficit estructural de mano de obra como la construcción, la agricultura, la hostelería, el sector de los cuidados y atención a la dependencia.

El problema, por tanto, no es la inexistencia de empleo, sino que las restricciones y disfunciones del régimen de autorizaciones de residencia y trabajo desplazan una parte de esa actividad hacia situaciones precarias o informales. En la práctica, muchas personas migrantes trabajan sin poder hacerlo dentro de los cauces formales que permiten cotizar y tributar con normalidad.

Esto se traduce en que la regularidad administrativa debe ser una condición necesaria para una integración laboral digna y para la contribución plena al sistema de protección social. Cuando esa regularidad no existe, el trabajo realizado no se traduce en cotizaciones ni en ingresos fiscales acordes con la actividad económica generada, debilitando la base de financiación del estado del bienestar.

Una pérdida económica cuantificable

Un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia señala que la discriminación afecta a la población extranjera en los ámbitos laboral y educativo. Esto incluye dificultades para encontrar trabajo, salarios más bajos, empleos más precarios, problemas para que se reconozcan sus estudios o menos oportunidades educativas. En 2022 esta discriminación tuvo un coste económico estimado de 17 000 millones de euros, una cifra equivalente al 1,3 % del PIB.

No se trata solo de salarios más bajos o trayectorias laborales truncadas, sino de una ineficiencia económica y fiscal de gran magnitud. Cada trabajador que no puede cotizar plenamente es un ingreso menos para la Seguridad Social y un margen menor para financiar sanidad, educación y políticas sociales, trasladando la carga al resto de contribuyentes. Desde esta perspectiva, la irregularidad no es una anomalía administrativa menor sino una ineficiencia estructural.

El debate que falta

El debate público sobre la regularización administrativa es amplio y complejo desde el punto de vista político y social. Sin embargo, en la práctica suele quedar atrapado en una lectura parcial, centrada casi exclusivamente en los costes y en la presión sobre los servicios públicos. Con los datos en la mano toca reformular la pregunta de fondo: ¿Puede España permitirse no integrar plenamente –también en términos fiscales– a quienes ya están contribuyendo de manera decisiva al sostenimiento de su economía a través del trabajo?

Como ha señalado el sociólogo estadounidense Douglas Massey, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025, las sociedades receptoras necesitan de la inmigración, pero, al mismo tiempo, desarrollan una resistencia política y social alimentada por el miedo. Esa tensión se traduce en políticas contradictorias y disfuncionales: se acoge a solicitantes de asilo, se les proporciona alojamiento y asistencia básica, pero se les impide acceder al empleo durante largos periodos.

Conviene recordar que el estado del bienestar se financia con cotizaciones e impuestos y que una parte creciente de quienes pueden garantizarlos trabaja hoy en España sin poder hacerlo plenamente dentro del sistema. No hay pensiones, sanidad ni educación pública sin una base suficiente de cotizantes, y una parte decisiva de esa base ya está aquí. Desde esta perspectiva, regularizar no es el problema: es parte de la solución.