Construir entre todos (Asun Gandía, rectora)

Construir entre todos (Asun Gandía, rectora)

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Uno de los puntos de la moción aprobada por el Ayuntamiento de Valencia la semana pasada y que, al parecer, tendrá su continuidad en la próxima cumbre de ayuntamientos durante el mes de febrero, propone elevar al Congreso de los Diputados la exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) –excepto los dedicados al culto- que la Ley contempla para la Iglesia católica.
 
Más allá de la evidente legalidad que circunscribe la actuación de la Iglesia católica y el fiel cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales, hay que tener en cuenta que la legislación española vigente, contempla la necesaria cooperación de los poderes públicos con la Iglesia católica. Así, el artículo 16 de la Constitución española establece que los poderes públicos “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones'". Además, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de 3 de enero de 1979, estableció el compromiso del Estado a colaborar con la Iglesia católica para garantizar su adecuado sostenimiento económico: “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”.
 
No obstante y, como es sabido, no existe financiación directa del Estado a la Iglesia ni privilegio alguno, más bien al contrario. Gracias a las diversos tipos de actividades que la Iglesia realiza (celebrativas, pastorales, educativas, evangelizadoras, culturales, sociales y asistenciales), el Estado español resulta directamente beneficiado ahorrando millones de euros al año. En este sentido, y tal como refleja la Memoria Anual de la Conferencia Episcopal Española, sólo en lo concerniente a la actividad educativa, las cifras son llamativas. En el ámbito no universitario hay 2.600 centros católicos que emplean a 123.835 personas para atender a un total de 1.468.269 alumnos. Los 2.449 colegios concertados católicos ahorran a las Administraciones Públicas 2.692 millones de euros.
 
En el orden caritativo y asistencial de la Iglesia, el ahorro para el Estado también es manifiestamente significativo, ya que actualmente la Iglesia mantiene más de 9.000 centros sociales y asistenciales en nuestro país. De todos estos centros, 6.483 se dedican a realizar actividades sobre cómo mitigar la pobreza, 295 a la promoción del empleo, 200 a atención a personas inmigrantes o 78 para la promoción de la mujer y víctimas de la violencia.
 
Son éstas algunas de las muchas cifras que ponen de manifiesto, de manera indiscutible, el beneficio que el Estado tiene con la actuación autónoma de la Iglesia católica y cuya no realización pondría en evidencia la incapacidad del Estado para atender las diferentes realidades sociales. En este sentido, la Iglesia católica se convierte en una colaboradora indispensable para la Administración pública al contribuir, con sus actuaciones, al sostenimiento del Estado y atender necesidades que, de otra forma, quedarían mermadas teniendo en cuenta que hoy en día y, desde hace ya varios años, el llamado estado de bienestar está seriamente comprometido –y por muchos, cuestionado- por la difícil situación  que nuestro país viene sufriendo.
 
Y es que es una realidad que muchos podemos constatar, la remisión continua por parte de los servicios sociales de ayuntamientos, a Cáritas y a parroquias, para que sean atendidas, ante la escasez de recursos públicos para atenderlas. Y pongo el ejemplo asistencial porque quizá sea el más evidente, el más llamativo, pero esto mismo puede trasladarse –y constarse por las cifras antes dichas- en el ámbito de la educación.
 
Y si todo lo dicho no fuera suficiente, además, la exención del pago del IBI en algunos inmuebles propiedad de la Iglesia católica no es una excepción o un beneficio ex profeso para ella. Muy al contrario, la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo –conocida como ley de mecenazgo-, exime del pago de este impuesto a entidades como fundaciones, asociaciones de utilidad pública, federaciones deportivas, partidos políticos, sindicatos, iglesias evangélicas, comunidades hebreas e islámicas, entre otras.
 
No es, por tanto, momento de desviar la atención con titulares vagos y poco precisos. Es importante que, más que nunca, todas las instituciones con vocación de servicio, colaboren, se mantengan unidas y contribuyan al sostenimiento del Estado. Es imprescindible -y muy deseable- que se presten ayuda mutua a la hora de atender las necesidades de los que más lo requieren. En la esencia de la Iglesia católica está el espíritu de comunión y es intrínseca a ella, la vocación de servicio.
 
En definitiva, pongamos el acento en lo verdaderamente importante: las personas, sus realidades, sus requerimientos y necesidades.

Y termino con un deseo y una invitación: tenemos que seguir trabajando, y tratar de construir, entre todos, siendo especialmente sensibles a las necesidades de todas aquellas personas que por un motivo u otro, atraviesan serias dificultades. Sólo así, seremos capaces de superar todas las dificultades que se nos vayan presentando.

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