En épocas pasadas los imperios conquistaban con ejércitos. Hoy parece que basta un cheque, una amenaza o una sonrisa de vendedor. Tanto antes como ahora algunos dirigentes han confundido el tamaño con el derecho, como si la magnitud de un país pudiera convertir en virtud lo que en un hombre sería abuso.

Que una gran nación sugiera que puede comprar una tierra helada, pero habitada, como quien adquiere una cadena de restaurantes, no es una novedad histórica; es simplemente una vieja barbarie con un nuevo lenguaje administrativo. No se trata de negar el derecho de un país a negociar. Se trata de recordar que no todo lo negociable es justo. El bárbaro antiguo decía “es mío porque puedo tomarlo”; el bárbaro moderno “es mío porque me conviene”. 

Asimismo, siempre ha habido potencias que han perpetrado ciertas maniobras en nombre de la seguridad. Y no deberíamos reírnos de ese argumento. La seguridad es un bien real: los pueblos necesitan orden, fronteras y protección frente al crimen y al abuso. El problema es que parece que basta invocar esta palabra para santificar cualquier decisión, olvidando que la seguridad, si deja de estar subordinada a la justicia, puede convertirse en una excusa para la injusticia. Un hombre que roba para sentirse seguro no es un guardián del orden, sino un ladrón nervioso. Algo parecido ocurre con las naciones, que a veces actúan más como bandas que como comunidades políticas.

Esto puede darse incluso cuando se captura a un líder cuya permanencia en el poder se ha sostenido en la represión sistemática de la disidencia, la manipulación de las instituciones y graves violaciones de derechos humanos. El aplauso que acompaña ese gesto es comprensible, pues ¿quién no querría ver castigado a un déspota que ha gozado de impunidad? Pero no todo el que derriba a un tirano es un libertador, del mismo modo que no todo el que mata al dragón ama a la doncella. A veces sólo busca el tesoro o la legitimidad internacional que acompaña al gesto. Y ahí es donde la intención y la acción se parecen sospechosamente a una foto retocada: todo parece correcto, pero falta, y falla, algo.

Un país no es grande porque pueda comprar tierras, capturar narcotraficantes vestidos de dirigentes o imponer su voluntad más allá de sus fronteras. Tampoco lo es simplemente porque se atreva a hacer lo que otros no hacen, aunque consiga titulares favorables. La grandeza se mide por la capacidad de gobernar con justicia incluso cuando sería más fácil no hacerlo. Un país es grande cuando sabe que hay tesoros que no se venden, ciudadanos que no son figurantes y verdades que resisten el trueque. Y cuando entiende que el poder auténtico no consiste en no tener límites, sino en saber reconocerlos.

Al final, el verdadero problema no es que el mundo esté lleno de malos gobernantes —algo que nadie sensato discute— sino que está empezando a llenarse de gobiernos que ya no creen en la verdad, sino sólo en la eficacia. La eficacia resulta seductora porque promete resultados visibles, rápidos y cuantificables, frente a una verdad que exige paciencia, coherencia y sacrificio. La verdad resulta incómoda porque impone límites, mientras que la eficacia promete resultados sin examen de conciencia. Y cuando la eficacia sustituye a la verdad, el resultado no es el orden, sino el caos organizado: un sistema que funciona, pero ha olvidado para qué.

Lo peor, no obstante, es que los gobernados —a los que siempre se invoca y rara vez se respeta— tienen razones legítimas para estar enfadados. Ese enfado no es capricho; es experiencia acumulada. En España, por ejemplo, lo sufrimos. Las élites han mentido, las instituciones han fallado, la injusticia se ha vestido con toga. Se ha predicado la ley mientras se practicaba la excepción. Por eso muchos han dejado de creer en discursos pulidos y prefieren a quien habla sin rodeos, aunque su voz sea brusca. Pero de ese enfado nace una tentación peligrosa: la de confiar la moral a quien únicamente sabe manejar el ruido, como si el volumen pudiera sustituir al juicio.

El político que grita más fuerte no es necesariamente el que dice la verdad. De hecho, muchas veces grita porque ya ha renunciado a ella. Quien ya no cree que la verdad pueda convencer, necesita imponerse porque no puede persuadir. Señala enemigos reales, pero ofrece soluciones ilusorias; denuncia corrupciones auténticas, pero lo hace sin respeto a la justicia. Y cuando una nación deja de creer que la verdad importa, empieza a creer que el poder basta. Entonces descubre que el poder sin verdad no construye imperios duraderos, sino episodios destinados a ser corregidos por la historia.