La Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha celebrado las V Jornadas Científicas ‘La Administración de Justicia Valenciana ante la Discapacidad Cognitiva: Eficiencia, Protección Integral y Accesibilidad’, en la sede San Juan y San Vicente de la UCV, en Valencia. El encuentro, organizado por dicha facultad con la colaboración de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, ha reunido a profesionales del ámbito jurídico, policial, médico-forense y social para abordar los retos de la accesibilidad cognitiva, la protección de las víctimas vulnerables y la participación efectiva de las personas con discapacidad en la Administración de Justicia.

La abogada especializada en derecho de la discapacidad, María Fuster, y representantes de AVAPACE (Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral) han intervenido en la sesión dedicada a la ‘Accesibilidad cognitiva y barreras de comunicación: uso de pictogramas y lectura fácil en las resoluciones judiciales’. Durante su intervención, Fuster ha puesto el foco en la importancia de adaptar la comunicación jurídica a las necesidades de las personas con discapacidad cognitiva, mediante recursos que faciliten la comprensión de las resoluciones judiciales y favorezcan el ejercicio efectivo de sus derechos: “La realidad es que seguimos encontrando mucha discriminación para conseguir a la igualdad de acceso a la justicia que pretendemos desde el ámbito de la discapacidad”.

“Se modificó el artículo 7 bis de la Ley 8/2021 para establecer que los procesos en los que participen personas con discapacidad se deben realizar las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Lo cierto, sin embargo, es que yo, que voy mucho con personas con discapacidad a los juzgados, sigo viendo muchas barreras para estas personas”, ha relatado

Las barreras de “comunicación e interacción” han sido las más señaladas por Fuster: “No pensamos en que hay personas que pueden tener dificultades, que no se comunican como nos comunicamos el resto, y esto no implica que no sean iguales que las demás. Lo que implica es que hay que hacer los ajustes necesarios para que estas personas que encuentran barreras puedan interactuar en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía”.

“Además, no todas las personas con discapacidad necesitan los mismos accesos ni los mismos ajustes a la hora de poder comunicarse o interactuar con el resto de la sociedad. El otro día, haciendo una formación en el Colegio de la Abogacía de Valencia, compañeros me preguntaban si había unos pictogramas exactamente iguales para todas las personas con discapacidad. La realidad es que no, pues cada persona necesita ajustes de un tipo diferente”, ha explicado.

“Acceso universal desde el punto de vista físico, desde el punto de vista sensorial y desde el punto de vista cognitivo”

En ese sentido, Fuster ha aducido que existe “mucha normativa de accesibilidad” pero que, en lo concreto, falta ajustarse más a lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que celebra su vigésimo aniversario este año: “Según este tratado internacional, la accesibilidad es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad. A mí siempre me gusta mucho resaltar el tema de la comodidad y de hacerlo de la forma más autónoma y natural posible”.

“El camino a emprender desde la Convención nos tiene que llevar a lo que llamamos la accesibilidad universal: espacios, servicios, recursos, instrumentos y herramientas que sean accesibles desde el punto de vista físico, desde el punto de vista sensorial y desde el punto de vista cognitivo. Hablamos de un paradigma jurídico diferente al que se tenía con anterioridad”, ha aducido esta experta.

Este cambio de paradigma, que “debe inspirar toda nuestra normativa”, supone “una forma distinta de entender lo que es la discapacidad”. En opinión de Fuster, “el movimiento de defensa de los derechos de las personas con discapacidad ya no se basa en una enfermedad, en un trastorno, ni en intentar curar a nadie de su patología, “lo que hay que hacer es eliminar las barreras que impiden a alguien que tiene una discapacidad desarrollarse en las mismas condiciones que los demás”.

“La Convención nos dice que la discapacidad es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes —es verdad que tenemos esta base, que sí que es la de la enfermedad, la patología o el trastorno, lo que puede ser el factor más clínico— y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en condiciones de igualdad con las demás personas”, ha subrayado.

Métodos alternativos de solución de conflictos

La vicedecana del Grado en Criminología de la UCV, Silvia Sempere y la profesora de Derecho Procesal de la UCV, Mar Aranda han reflexionado sobre los retos de la justicia inclusiva en la era de la eficiencia, especialmente sobre el papel del facilitador judicial como garante de la participación efectiva en los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) valencianos. La conversación entre ambas ha permitido profundizar en los desafíos que plantea la incorporación de medidas de apoyo y accesibilidad a los mecanismos de resolución de controversias, con el objetivo de favorecer una participación real y efectiva de las personas con discapacidad.

El programa ha contado también con la conferencia inaugural ‘Políticas públicas valencianas sobre discapacidad y dependencia: perspectiva de futuro’, a cargo del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido, quien ha abordado las políticas públicas en materia de discapacidad y dependencia desde una perspectiva de futuro.

La magistrada de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana, plaza n.º 2, Beatriz Sarrión, ha impartido la conferencia ‘La discapacidad cognitiva en el proceso civil’, en la que se ha tratado la consideración de la discapacidad cognitiva en el ámbito procesal civil.

Especialización policial para atender a víctimas vulnerables

La segunda jornada ha incluido una mesa de debate sobre ‘La asistencia médico-forense y el acompañamiento social integral: coordinación entre el IML y la red OAVD’, en la que han participado la jefa del Servicio de Gestión de las OAVD, María Caballero, y la jefa de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carmen Bellido. Ambas han abordado la coordinación entre los servicios médico-forenses y los recursos de atención a las víctimas, así como la importancia de ofrecer una respuesta integral a las personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, los agentes del grupo REDI (Referentes en Discapacidad) de la Policía Local de Valencia, José Carrasco y Miguel Medina, han intervenido en la mesa ‘Especialización policial y garantías en la fase de investigación para víctimas vulnerables’. La sesión ha puesto el acento en la necesidad de reforzar la preparación policial y las garantías de protección durante la investigación, especialmente cuando las víctimas presentan circunstancias que requieren una atención adaptada.

El técnico del Servicio de Inclusión Educativa y Accesibilidad Universitaria de la UCV, Francisco Sabater, ha contribuido al programa en el marco de la mesa sobre especialización policial y garantías para las víctimas vulnerables, vinculando la perspectiva de la inclusión y la accesibilidad con la necesidad de adaptar la atención a las personas con discapacidad.

Las jornadas han concluido con la clausura institucional, tras dos sesiones centradas en el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales de distintos ámbitos. El encuentro ha destacado la importancia de avanzar hacia una Administración de Justicia más accesible, coordinada e inclusiva, capaz de garantizar la protección integral de las personas con discapacidad cognitiva y su participación efectiva en los procedimientos judiciales y extrajudiciales.