Yolanda Díaz ha pedido a los trabajadores que secunden la huelga de mañana. No ha precisado si ella piensa hacer huelga, aunque sería una lástima que se perdiera la oportunidad de manifestarse contra las dificultades que encuentra Yolanda Díaz para gobernar. La vicepresidenta ha expresado, además, su deseo de que la protesta se convierta en una «marea de esperanza» que llegue hasta las urnas. Hay que reconocerle el mérito: ha conseguido que el descontento con la situación del país parezca una razón para confiar en quienes lo gobiernan.

La huelga reclama mejores salarios y soluciones a la crisis de la vivienda. No son precisamente extravagancias revolucionarias. Poder vivir del propio trabajo y disponer de un hogar no debería ser pedir demasiado. Algo extraño sucede cuando lo elemental empieza a necesitar el lenguaje de la reivindicación. Hemos construido una sociedad que multiplica las posibilidades de elegir cómo vivir, mientras estrecha las de disponer de una casa en la que hacerlo.

La vicepresidenta ha conseguido algo más difícil que dar la razón a los huelguistas: situarse entre ellos sin abandonar el lugar desde el que debería responder a sus demandas. La solidaridad se ha convertido en una cualidad tan admirable que amenaza con hacer innecesarias otras bastante menos vistosas, como la competencia o la responsabilidad.

Una de las diferencias entre el poder y la oposición estaba precisamente ahí: el primero tenía que hacerse cargo de la realidad, mientras la segunda podía permitirse discutir cómo debería ser. La distinción nunca fue absoluta, pero resultaba saludable. Ahora el gobernante también puede declararse en lucha contra lo que sucede, como si la realidad fuera una fuerza política organizada para impedirle cumplir sus promesas. La ventaja de semejante descubrimiento es que permite atribuirse el mérito de las intenciones y adjudicar a otros la responsabilidad de sus consecuencias.

Naturalmente, la crisis de la vivienda tiene causas complejas y responsables de distinto signo. Tampoco la tentación de presentarse como víctima de aquello que se gobierna es patrimonio de ninguna sigla. Pero el hecho de que nadie pueda hacerlo todo no significa que nadie tenga que responder de nada. Gobernar consiste precisamente en aceptar la parte de la realidad de la que ya no puede culparse al adversario. La política comienza cuando las buenas intenciones se encuentran con los límites de lo posible. Antes de ese encuentro, cualquiera puede ser un magnífico gobernante.

Si la legitimidad política descansa en demostrar que se está del lado correcto de una injusticia, la injusticia puede acabar prestando mejores servicios que su solución. Un problema resuelto deja de proporcionar adversarios a los que combatir, consignas que repetir y promesas que renovar. No hace falta suponer que alguien desee perpetuar deliberadamente el malestar. Basta con advertir que una política que obtiene legitimidad de denunciarlo corre el riesgo de acostumbrarse a necesitar aquello mismo que promete remediar.

Quizá por eso hemos llegado a considerar la indignación una prueba suficiente de virtud pública. Pero indignarse ante una injusticia no equivale a combatirla, del mismo modo que lamentar una enfermedad no convierte a nadie en médico. A quien gobierna no le basta con tener razón en el diagnóstico: debe aceptar que también se le juzgue por el tratamiento.

El miércoles muchos trabajadores sacrificarán parte de su salario para reclamar unas condiciones de vida que deberían resultar menos excepcionales. La vicepresidenta podrá celebrar la movilización y confiar incluso en que la beneficie electoralmente. Es una curiosa distribución de sacrificios: unos pagan el precio de protestar y otros pueden obtener el rédito de acompañarlos.

Si el Gobierno también puede hacer de oposición a lo que sucede, tal vez el siguiente paso sea que los trabajadores tengan que ponerse a gobernar para encontrar a alguien dispuesto a escuchar sus quejas.