El Gobierno quiso salvar la calidad universitaria y, para hacerlo, decidió empezar por las cantidades. Una universidad digna de tal nombre debía comprometerse a superar los 4.500 alumnos a los seis años y disponer de alojamiento equivalente al diez por ciento de las plazas previstas. Se ve que la excelencia cabe por fin en una hoja de cálculo. Quizá dentro de poco sepamos también cuántos metros cuadrados necesita el pensamiento crítico.

El Tribunal Supremo ha anulado ahora el decreto porque el Gobierno lo tramitó por la vía de urgencia sin justificarla adecuadamente y omitió la consulta pública previa. No ha declarado excelentes todas las universidades privadas ni ha prohibido al Ejecutivo exigirles calidad. Ha recordado que incluso quienes aseguran actuar por nuestro bien deben cumplir las reglas.

La distinción importa porque la respuesta política ha consistido en saltársela. La ministra Diana Morant ha lamentado que lo urgente para las familias no lo sea para el Supremo y ha sugerido revisar cuántos jueces de los que dictaron la sentencia trabajan en universidades privadas. Es un razonamiento admirable por su economía: cuando la sentencia nos favorece, hablan los jueces; cuando nos contraría, hablan sus nóminas. Pero un conflicto de intereses no se insinúa: se demuestra. Demostrar exige pruebas; insinuar sólo exige un micrófono. Y, aun suponiendo que algún magistrado enseñara en una universidad privada, su contrato difícilmente podría llenar el vacío que el Gobierno dejó en el expediente.

La maniobra, sin embargo, deja el prejuicio a la vista. La universidad privada se ha convertido en sospechosa no porque enseñe peor, investigue menos o engañe a sus alumnos, sino porque es privada. Sus defectos concretos pueden discutirse; su pecado original, no. Para cierta mentalidad política, lo público es inocente hasta que se demuestre lo contrario y lo privado continúa siendo culpable incluso cuando se demuestra lo contrario.

Claro que existen centros mediocres, titulaciones infladas, investigaciones irrelevantes y facultades que han olvidado preguntarse qué ofrecen. Pero tales miserias no respetan la frontera entre lo público y lo privado. La mediocridad posee un acusado sentido de la igualdad. Por eso resulta extraño defender la universidad pública dificultando la existencia de universidades privadas. Si una cafetería sirve mal café, no mejorará obligando a cerrar la de la esquina. Tendrá menos competencia, no mejor café. Una universidad protegida de toda comparación tampoco inspira demasiada confianza.

Naturalmente, una universidad privada debe cumplir requisitos rigurosos. También una pública. El decreto incluía exigencias razonables de profesorado e investigación; lo que no parece tan natural es confundir la calidad con el tamaño, como si una comunidad universitaria fuera una granja de pollos. La historia contiene universidades pequeñas que cambiaron el pensamiento europeo y enormes aparatos educativos que no produjeron una sola idea capaz de sobrevivir al rector que la inauguró.

El Gobierno responde que las familias se endeudan porque no encuentran plaza en la universidad pública. Si éste es el diagnóstico, cuesta entender que el remedio consista en obstaculizar las universidades en las que terminan estudiando sus hijos. La escasez de plazas públicas podría aconsejar crear más plazas públicas. Sin embargo, hemos llegado a esa maravillosa región de la política donde la insuficiencia propia se combate limitando la alternativa ajena. El Estado no consigue dar lo necesario y convierte en problema a quienes ofrecen una alternativa.

La universidad nació para buscar la verdad. La frase resulta hoy incómoda porque una búsqueda verdadera admite la posibilidad de descubrir lo que el poder no había previsto. De ahí su preferencia por la planificación, los estándares, los porcentajes, el impacto y la oferta. Todo ello puede ser necesario, pero nada explica para qué existe una universidad. Bajo la pelea entre lo público y lo privado se esconde otra cuestión: cuánto espacio queda para concebirla de otro modo. El Gobierno parece aceptar distintas universidades siempre que todas respondan a su idea de universidad. Permite la pluralidad de centros como algunos permiten la pluralidad de opiniones: con la condición de que coincidan en lo importante.

El Supremo no ha certificado la virtud de cada universidad privada. Ha recordado que el procedimiento no es un estorbo colocado por juristas maniáticos entre el poder y el bien común, sino el límite que impide al poder identificar su prisa con el bien común. Entretanto, el Ministerio ya prepara otra norma para «restaurar» el decreto anulado. Está en su derecho, siempre que esta vez escuche, justifique y tramite como corresponde. Podría aprovechar la pausa para abandonar una vieja superstición: que todo cuanto nace fuera del Estado amenaza al interés general.

Porque una universidad puede ser pública y mala, privada y buena, pública y buena o privada y mala. La realidad tiene esa desagradable costumbre de ofrecer más posibilidades que un eslogan. Distinguirlas exige algo más que una hoja de cálculo.