La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha celebrado en la sede Trinitarios la una nueva jornada del XIII Congreso Internacional sobre Seguimiento y Gestión de Visitantes en Áreas Recreativas y Protegidas (MMV13). Junto a otros miembros del Grupo de Investigación GeoCoast del Instituto de Medio Ambiente y Ciencia Marina (IMEDMAR-UCV), la decana de la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales, Ana Blázquez, ha presentado en el encuentro un estudio sobre la situación actual de la Albufera, en el que apuntan que “la ampliación del puerto de Valencia, que interrumpe el transporte natural de arena de norte a sur, la reducción de los sedimentos del río Turia y el aumento de los temporales y de los fenómenos climáticos extremos” se hallan “en la base” de la problemática que sufre la barrera de dunas y arena de L’Albufera.

“En la barrera es fundamental la vigilancia de las dunas y la playa, dada su exposición y vulnerabilidad frente al cambio climático, que incrementa la frecuencia y magnitud de los temporales marítimos que aceleran la erosión costera”, ha señalado Blázquez.

En diciembre de 2025, durante la II Jornada de la Comisión Científica de la Albufera, esta experta alertaba sobre la vulnerabilidad de la zona norte del parque natural (Playa de Pinedo) y “tras un año, no hay novedades en el fortalecimiento de esta zona”. Por el contrario, “la regeneración costera entre el sur de la playa de Pinedo y la playa de la Garrofera del 2023 sufre pérdida de materiales que van a la playa sumergida, especialmente tras los temporales”.

Recuperar “la transparencia y calidad del agua de la laguna antes de los años setenta”

La barrera, no obstante, no es la tarea más urgente en lo respectivo a la buena salud del parque natural: “De los elementos principales que configuran el parque natural, la laguna es el ambiente que necesita más rescate, ya que es el más degradado. Lo principal es recuperar la transparencia y la calidad del agua, es decir, como era antes de los años setenta”.

“Las prácticas industriales y urbanas que se desarrollan en el entorno del parque deben limitarse a lo prescrito en las leyes y demás normas, mediante el compromiso de las instituciones de suprimir cualquier tipo de vertido y aguas residuales a través de la conexión a la red de colectores para su adecuado tratamiento y depuración, perseguir las malas praxis y fomentar una mentalidad respetuosa con las exigencias del parque”, ha remarcado.

Blázquez ha considerado “un gran avance” el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales, de febrero de este año, pero ha indicado que recuperar una laguna limpia sólo será posible “a largo plazo y con voluntad política” si se destinan a ello “inversiones sustanciales”. En opinión de esta investigadora, las tres administraciones –estatal, autonómica y municipal–, con competencias en el parque “tienen el deber de colaborar para mejorar la gestión en beneficio de los ciudadanos. Por ello, instamos a la imprescindible colaboración entre administraciones, eliminando la tendencia a la polarización, en beneficio del parque y sus gentes”.

“Mejor gestión de los arrozales y una mayor participación de este sector en la toma de decisiones”

En lo que se refiere al tercer elemento clave del parque natural, el marjal, Blázquez ha subrayado que requiere “una mejor gestión de los arrozales y una mayor participación de este sector en la toma de decisiones". Frente a la reciente denuncia de la organización agraria AVA-Asaja de que cultivar dentro del parque natural supone «soportar numerosas restricciones sin recibir ninguna compensación económica a cambio», con pérdidas en esta campaña por encima de los 16 millones de euros, la investigadora de la UCV cree que “es posible un equilibrio entre una agricultura que resulte rentable y el respeto al entorno de L’Albufera”.

“Para ello es necesario cambiar el modelo de gestión y reconocer que los agricultores desempeñan también una función medioambiental, ya que contribuye al mantenimiento del humedal. Sin agricultores no se puede entender el paisaje tradicional de la Albufera, y sin conservar el entorno natural tampoco tendría sentido mantener su actividad agrícola”, ha explicado.

Blázquez ha hecho hincapié en que los arrozales “contribuyen a asegurar la pervivencia del parque. Adecuar las técnicas de cultivo del arroz a las exigencias propias del cuidado de la laguna reclama la cooperación entre la Administración y los agricultores, para compatibilizar las prácticas agrícolas con la preservación del medio natural. Se debe coordinar las necesidades de los agricultores en relación a las quemas agrícolas con la atención que merece el medio ambiente y la salubridad de los municipios colindantes, mediante su gradual sustitución por alternativas medioambientales más saludables”.

Daños “irreversibles”, tras la dana de 2024: necesarios “nuevos análisis de contaminantes”

Sobre los daños medioambientales causados por la riada de 2024, Blázquez ha afirmado que “una parte importante” de estos han sido paliados mediante actuaciones de limpieza, reparación y restauración, pero ha expuesto que hay “daños irreversibles”, como es “la disminución de la profundidad del vaso debido al gran aporte de sedimentos recibidos durante el episodio, que también incluían contaminantes”.

En opinión de esta experta, se requieren “nuevos estudios batimétricos” que completen los realizados en 2025 y “nuevos análisis de contaminantes, no sólo en el agua sino también en el sedimento. Determinar con mucha resolución la tasa de sedimentación de la laguna es clave para la gestión de parque a corto y medio plazo”.

“Nuestros trabajos, en el marco de un proyecto de la Generalitat Valenciana, indicaron que durante la dana aumentó la turbidez provocada por las partículas en suspensión aportadas por los barrancos principales, sobre todo el Poyo, disminuyó la transparencia y alteró la clorofila y el fitoplancton del agua de la laguna, aunque los resultados indicaron que al mes ya había recuperado su estado previo a la inundación. También se estudiaron los sedimentos aportados por el Poyo, que indicaron la alteración generalizada de los parámetros estudiados respecto a la situación previa”, ha relatado.

En cuanto al efecto de la afluencia de turistas a L’Albufera, Blázquez ha aducido que “el uso turístico y recreativo de la Albufera ha recibido una planificación insuficiente” y que “faltan estudios de capacidad de carga de visitantes: no hay control de visitantes por parte del parque natural por falta de medios, por tanto, siguen siendo necesarias las inversiones también en este aspecto”.

Alertan de la "falsa accesibilidad" en el turismo de naturaleza: "todavía hay muchas situaciones que no están adaptadas" 

La profesora de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica de Valencia (UCV), Laura Jiménez, ha alertado de las barreras que todavía encuentran las personas con discapacidad en los destinos turísticos y espacios naturales durante su participación en el XIII Congreso Internacional sobre Seguimiento y Gestión de Visitantes en Áreas Recreativas y Protegidas (MMV13), que se celebra estos días en la UCV.  

A partir de una investigación sobre una experiencia inclusiva en el Camino de Santiago, Jiménez ha advertido de la denominada "falsa accesibilidad": lugares que se anuncian como accesibles, pero que no reúnen las condiciones necesarias para garantizar la autonomía de las personas con discapacidad. "Socialmente parece que la inclusión está ya prácticamente conseguida, pero cuando indagas y profundizas en la realidad te das cuenta de que todavía hay muchas situaciones que no están adaptadas", ha señalado. 

La iniciativa, impulsada por el Observatorio de Actividad Física Inclusiva en el Medio Natural (OAFM) de la UCV, surgió del deseo de Lidia Ramos, una mujer con discapacidad motora y neurodegenerativa, de realizar por primera vez el Camino de Santiago. Para hacerlo posible, un equipo de alrededor de veinte personas la acompañó durante cinco días con una silla Joëlette, un dispositivo adaptado que permite recorrer terrenos naturales con movilidad reducida. 

La experiencia ha permitido comprobar las dificultades que todavía existen en servicios básicos como los alojamientos, los aseos y los restaurantes. Jiménez ha explicado que algunos establecimientos se presentan como accesibles, pero no cumplen todas las condiciones necesarias cuando una persona con discapacidad intenta utilizarlos. "Cuando tú llegas al lugar te dicen que el aseo es accesible, pero tú llegas al aseo y realmente no es cien por cien accesible", ha ejemplificado. En este sentido, ha advertido de que cumplir los requisitos "muchas veces no es suficiente para hacer algo realmente accesible". 

La experiencia fomenta la empatía y la autonomía 

La experiencia también permitió observar cómo la convivencia durante el recorrido modificó la percepción de los participantes sobre la discapacidad. Para analizarlo, el equipo de investigación organizó tres grupos de discusión con 15 personas, entre menores, adultos que nunca habían realizado el Camino y otros que ya tenían experiencia previa. "Queríamos conocer qué había supuesto para ellos compartir esos días con una persona con discapacidad, qué habían aprendido y si había cambiado su forma de ver la inclusión", ha explicado Jiménez. Los resultados reflejaron una mayor conciencia sobre las dificultades que afrontan estas personas y la importancia de valores como la empatía, la solidaridad y la responsabilidad compartida. 

Jiménez ha destacado que la inclusión no consiste únicamente en prestar ayuda, sino también en respetar las decisiones y la autonomía de cada persona. "Socialmente tendemos a sobreproteger a las personas con discapacidad, pero tenemos que entender que son personas adultas, que tienen capacidad para decidir qué quieren hacer y cómo quieren hacerlo", ha defendido. 

La experiencia tuvo también un significado personal para Lidia, que, según ha relatado la investigadora, aseguró que el Camino le había dado "energías para su día a día" y para afrontar otros obstáculos. La investigadora ha destacado que la convivencia durante esos cinco días permitió a los participantes conocer de cerca las dificultades que afrontan las personas con discapacidad y tomar conciencia de la importancia de construir actividades y entornos en los que todos puedan participar. 

Por ello, la profesora ha defendido que las administraciones y los responsables de los espacios turísticos escuchen a las personas con discapacidad y cuenten con especialistas a la hora de diseñar entornos accesibles. También ha reclamado una mayor implicación en la formación y sensibilización de los profesionales que trabajan en estos espacios, para que la inclusión no se quede en una declaración de intenciones y se traduzca en oportunidades reales de participación.