La pregunta que por su sencillez de planteamiento, y viniendo de quien viene, nos lleva a pensar casi en consideraciones prácticamente metafísicas, dado que parece que Dª. Gabriela Bravo se desconcertó ante la actitud de ciertos funcionarios ante el caos presupuestario reinante, como si estuviéramos ante la propia ausencia del bien.

Por eso me gustaría tranquilizar a nuestra Ccnsellera jurista respondiéndole que los Interventores, así como lo Jueces y Fiscales, estaban cumpliendo con su deber, defendiendo el buen funcionamiento del Estado de Derecho, unos desde los tribunales, otros desde el control interno de las administraciones públicas. Todos ellos con los instrumentos jurídicos que las autoridades públicas, los políticos como ella, les han otorgado, y si algún órgano puso de manifiesto esas, digamos, disfunciones de gestión, fue la Sindicatura de Comptes con un magnífico interventor, que es Rafael Vicente, ahora saliente del cargo.

Porque claro, creer que estos funcionarios tienen poderes como para enmendar cualquier desmán administrativo, es un acto de fe tan grande que para muchos de nosotros -los cristianos- quisiéramos, parece ser que la Consellera es una persona de profundas convicciones religiosas y cree sin haber visto. Pero aquí de lo que estamos tratando en esencia es de la corrupción de una serie de personas, y no de toda una parte de la sociedad como parece que algunos creen; estos corruptos, que han puesto en peligro la propia estabilidad del sistema, son los síntomas de una gran crisis nacional configurada por tres crisis encadenadas, una política, una económica y otra moral.

En la actualidad vivimos una crisis política, con un gobierno en funciones que pronto cumplirá 300 días de interinidad, y es inevitable que este poco o gran vacío de poder sea aprovechado por populistas e independentistas para intentar socavar la convivencia y poner en peligro a nuestro Estado de Derecho y Democracia Española. Por otra parte esta crisis no vino por generación espontánea, se produce de forma tan grave por la severa recesión económica que hemos tenido (se visualizó su inicio al 2008) y de la que todavía estamos saliendo. En aquella época (entre el final de la 1ª e inicio de la 2ª legislatura de ZP) se vivieron unos años entre sorprendentes y extraños, yo diría un tanto esnobs.

Jóvenes en edad de formarse abandonaron las aulas para ser obreros de la construcción, cobrando muy por encima de la media de los funcionarios/servidores públicos para terminar siendo NINIS con la crisis; los jefes de cuadrillas o pequeños autónomos del sector ladrillo se transformaron en constructores; profesionales liberales y clase media se volvieron corredores y agentes inmobiliarios comprando (sobre plano) casas que después revenderían, para finalmente verse entrampados en deudas y arruinados; empresarios (de toda la vida) de sectores productivos que venían con asombro los porcentajes de beneficios que daba el ladrillo se transformaron en promotores para, llegada la crisis, perder hasta sus tradicionales negocios; y así una larga cadena, que generó la conocida burbuja inmobiliaria que al estallar produjo la casi quiebra del sistema financiero.

Pero al igual que la económica preparó el terreno a la política, la crisis de valores -moral- proporcionó el terreno abonado para que llegase la económica; pues la falta de valores, el todo vale, el no existir limites ni normas, la codicia o el egoísmo, se impusieron sobre las virtudes clásicas (efectivamente las virtudes cardinales del catecismo, nihil novi sub sole) como:

• La Prudencia que nos ayuda a discernir lo que es un fin bueno y los medios justos para realizarlo, y no buscar un falso vellocino de oro que justifique cualquier medio.
• La Justicia de dar al prójimo lo que es debido sin explotarlo laboralmente, o especulando o faltando en el trabajo (absentismo).
• La Fortaleza con la que ante las dificultades o tentaciones, como las corruptelas, nos hace mantenernos firmes en la práctica del bien.
• La Templanza que nos permite ser un poco más austeros, resistiéndonos a los placeres facilones/superficiales y por ejemplo nos permite ser más respetuosos con el medio ambiente al hacer un uso moderado de los bienes creados.

Y así ante la flaqueza de las cuatro virtudes cardinales unido a las citadas tres crisis, la corrupción se visualizó escandalosamente, siendo una lacra para cualquier sistema pero sobre todo del democrático, y con la que Dª. Gabriela se asombró (parece ser) de que algunos no hubieran sido más contundentes; por otra parte si ustedes repasan titulares de prensa sobre la corrupción, existen dos figuras jurídicas recurrentes que la acompañan muchas veces, la Caja fija y los contratos menores, frente a los cuales los Interventores no pueden ser tan contundentes como quisiera al parecer la Consellera, y ahora lo explicaré.

Los Anticipos de Caja Fija (ACF) son una modalidad de pago directo por el gestor que administra los créditos, siendo la última fase -el pago- del procedimiento económico administrativo por el que se ejecuta el Presupuesto, y que por definición estos ACF están exentos de fiscalización previa (control del Interventor antes de su aprobación), por lo que cuando la Intervención recibe ese expediente todo está hecho, y aunque vea algún defecto o irregularidad, e informe desfavorablemente, desde un punto administrativo, no suspende ni para el procedimiento ni tiene consecuencias directas sobre el expediente (y menos sobre el gestor) que es casi mínimo. Otro caso será lo que recojan los informes del Control Financiero Permanente o de la Sindicatura y sus consecuencias.

Por su parte, los contratos menores también tienen un expediente mínimo cuando llegan a Intervencion, simplemente la aprobación del gasto y la factura como dispone el artículo 111.1 del TR. Ley de Contratos del Sector Público, que unido a la existencia de crédito y al certificado de conformidad de la prestación realizada lleva a la inevitable fiscalización de conformidad del reconocimiento de la obligación y propuesta para el pago. La adjudicación en este sistema es digital (a dedo), aunque en la normativa valenciana fue introducido un cambio (en la etapa anterior del PP) por el que se exige aportar tres propuestas al expediente, siendo elegida la oferta más económica, siendo esta modificación bastante ecléctica o incluso se podría llamar procedimiento Frankenstein por resultar una combinación de otros, como el procedimiento negociado o el de subasta, y que resulta bastante ineficaz para contener las desviaciones en este tipo contractual.

Llegados a este punto e ir finalizando, yo me haría las siguientes preguntas, qué ha hecho en este más que año el Consell del Botanic para evitar que la Caja Fija y los Contratos Menores sean el agujero negro de la gestión pública, cuántas normas han dictado o cuántos procedimientos administrativos han mejorado para impermeabilizar la gestión presupuestaria de los amantes de lo ajeno, la respuesta es cero, no se ha cambiado nada de nada, ¿sorprendidos como Dª. Gabriela?

Si a lo anterior le unimos que el Ayuntamiento del pacto de la Nau -Valencia-, ha pedido que el Cap i Casal sea referente internacional como Capital Mundial de la Alimentación en 2017 y su Vicealcaldesa se vanagloria de que los ingresos turísticos se han incrementado en un 25% per capita, ¿se pretende que seamos un destino turístico de Lujo? (de todo lo cual me alegro), hace pensar que viniendo estas afirmaciones de la banda de babor parecería que estamos en plena película del Gatopardo cuando dicen, "Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie". Pues mucho me temo que habrá que esperar a las urnas de 2019 para ver si todo sigue igual, mejor o peor a los ojos de los ciudadanos, y si hay cambio o sigue igual el banquillo del Consell y/o Ajuntament.