Este junio, miles de estudiantes afrontan una PAU más exigente en expresión escrita y corrección lingüística. Eso está muy bien, pero no soluciona la desproporción entre la seriedad de la puerta y la confusión sobre lo que hay al otro lado.

Porque lo que está en juego en este examen no es sólo una plaza en una facultad, sino una promesa. Eso fue, al menos durante mucho tiempo, la universidad. Quien atravesaba sus aulas adquiría conocimientos, pero sobre todo accedía a una forma superior de entender el mundo. El título, antes que un papel, era la señal de que algo valioso había ocurrido en la mente de quien lo alcanzaba.

Hoy conservamos el papel. Lo que ya no está tan claro es si conservamos esa señal.

La norma que regula la prueba de acceso insiste en la «madurez académica» y la CRUE intenta armonizar criterios entre territorios, como si el sistema intuyera, al fin, que no se puede jugar a la equidad con barajas distintas. Todo eso suena razonable. El problema aparece cuando la puerta se cierra y la universidad parece cada vez más incapaz de explicar por qué su existencia es necesaria en una sociedad que exige resultados inmediatos.

No ocurre igual en todos los centros ni en todas las titulaciones, pero el patrón se repite: cada vez más estudiantes atraviesan los cursos con la impresión de que el título que persiguen tiene menos que ver con lo que demanda el mercado que con lo que se espera de ellos. Así, estudiar deja de percibirse como una vocación y pasa a ser una inercia.

Aquí aparece la primera trampa. Cuando una institución diseñada para cultivar el conocimiento empieza a justificarse sólo por su utilidad, corre el riesgo de perder precisamente aquello que la hacía necesaria. Se habla entonces de «empleabilidad», de «competencias», de «adaptación al entorno laboral», una jerga que, además de fea, es peligrosamente reductora. Porque si el sentido de la educación superior es producir trabajadores funcionales, ¿qué impide que la sustituyan otras fábricas más eficientes?

Conviene decirlo sin hipocresías: que la educación superior prepare para trabajar forma parte del pacto social. Lo problemático es que se agote en eso. Además, la economía cambia más rápido que cualquier plan de estudios y mide mal lo que más falta hace. Si el valor universitario queda reducido a un catálogo de destrezas rentables, la universidad se condena a competir en un terreno donde siempre llegará tarde. También la investigación sufre aquí una tentación paralela: cuando se la obliga a justificarse sólo por impacto inmediato, se pierde lo más fecundo, que suele ser lo menos previsible.

De hecho, ya está ocurriendo. El sistema universitario se reconfigura en formatos breves, modulares, acumulables, pensados para responder a necesidades laborales concretas. No hay que demonizar estas iniciativas; pueden tener sentido. Pero su ascenso tiene una ironía: la institución que nació para enseñar a pensar con amplitud empieza a trocearse en porciones pequeñas, como si la cultura fuera un snack y no un verdadero sustento. En paralelo, el trabajo investigador corre el riesgo de quedar reducido a un apéndice que se tolera mientras haya financiación, rankings o visibilidad, pero que no se entiende como parte esencial de la misma promesa.

Mientras tanto, nunca ha habido tantos graduados ni ha sido tan frecuente la sensación de no estar preparado. España registra una tasa altísima de sobrecualificación; en 2023, el 35,8% de ocupados con educación superior trabajaba en puestos de baja cualificación. Si el título fuera la prueba de una mente formada y de una economía capaz de absorberla, esto no pasaría con esta intensidad. Algo no encaja: en la estructura productiva, en la adecuación de la formación o —más doloroso— en la claridad sobre qué debería significar «estar formado».

El estudiante acumula créditos, aprueba asignaturas, obtiene un grado. Aprende un lenguaje «competencial» para describirse. Pero, al salir, se desconfía de él desde el primer momento. El título corre así el riesgo de convertirse en una moneda devaluada: necesaria para entrar en el juego, insuficiente para ganarlo.

El problema, entonces, no es que falten habilidades prácticas, que también. El problema es que, en demasiados casos, faltan las formas de pensar que deberían sostenerlas. Como si la universidad estuviera fallando en ambos extremos: ni enseña del todo a hacer, ni termina de enseñar a comprender. Y cuando una institución yerra en lo práctico y en lo intelectual, lo que queda es un trámite.

La irrupción de la inteligencia artificial ha vuelto esto visible. Cuando una máquina puede producir en segundos un texto «aceptable», el modo tradicional de evaluar —y, por tanto, de enseñar— entra en crisis. Pero la pregunta no es tecnológica. La crisis no es que la máquina escriba; es que nosotros llamábamos escribir a entregar. Si lo que medíamos era el resultado y ahora ese resultado puede fabricarse, ¿hemos estado enseñando a entender o a cumplir?

En este contexto, «¿para qué sirve la universidad?» deja de ser una pregunta filosófica y se vuelve práctica en el sentido más serio. Reducida a una fábrica de empleabilidad, no podrá competir con una economía que se mueve a otra velocidad. Convertida en una oficina de credenciales, verá cómo su prestigio se vuelve un recuerdo heredado. Pero entendida como algo más amplio —formar criterio, desarrollar pensamiento, aprender a leer y escribir el mundo— quizá estemos juzgándola con herramientas equivocadas.

Porque hay algo que la sociedad pide —aunque no siempre sepa medirse— y que la universidad debería poder ofrecer: personas que saben discernir y argumentar, no sólo ejecutar y opinar; gente capaz de aprender por cuenta propia cuando el manual cambia. Eso no se consigue con eslóganes de empleabilidad, sino con hábitos que hoy se aparcan: lectura que incomoda, escritura que obliga, discusión real, evaluación que pida defensa y una relación viva con la verdad, que incluye saber decir «no lo sé» sin hundirse.

Tal vez el principal escollo no sea que la universidad haya perdido valor, sino que ya no sabemos explicar en qué consiste ese valor. Entre el prestigio heredado y el utilitarismo, la institución parece atrapada: demasiado teórica para la rentabilidad, demasiado práctica para la tradición. Queríamos una universidad útil y hemos acabado con una universidad utilizada.

Por eso convendría invertir la pregunta. No tanto si un título sigue teniendo valor, sino si estamos dispuestos a reconocer el valor de lo que no cabe en él: el gusto por la verdad, la paciencia para pensar, la disciplina para escribir, la humildad para aprender, la valentía de disentir sin insultar. Lo que no se imprime en un diploma ni suma créditos, pero se nota en una conversación. Sólo entonces la universidad volverá a ser imprescindible.