La reciente apertura del curso académico de la Universitat de València nos ha dejado una intervención de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades que merece una reflexión. No porque no sea legítimo defender la universidad pública. Lo es, y mucho. España necesita universidades públicas fuertes, excelentes y suficientemente financiadas. La cuestión es si para defenderlas necesitamos construir una contraposición con las universidades de iniciativa social y, sobre todo, con quienes libremente deciden estudiar en ellas.

La ministra sostuvo que el crecimiento de las universidades privadas responde, más que a la elección de los estudiantes, a la falta de plazas públicas. Algunos jóvenes brillantes, señaló, se ven obligados a renunciar a su vocación o, si pueden permitírselo, a «pagar una universidad privada». Es entonces cuando –en sus palabras– dejamos de hablar de mérito para hablar de «cuenta corriente».

Comparto la preocupación: ningún joven debería ver frustrada su vocación por falta de recursos económicos. Pero no comparto ni el diagnóstico ni la conclusión.

Porque detrás de esas afirmaciones hay estudiantes concretos. Muchos jóvenes eligen libremente una universidad de iniciativa social porque se identifican con su proyecto educativo, con una determinada manera de entender la formación o con la comunidad universitaria de la que desean formar parte. Reducir su elección a la falta de una plaza pública o al tamaño de la cuenta corriente de sus familias no describe adecuadamente la realidad y corre el riesgo de menospreciar su mérito y su libertad.

Otros, ciertamente, llegan porque no han encontrado plaza en la titulación pública que deseaban. Pero, si ese es el problema, quizá convenga dirigir también la mirada hacia quienes tienen la responsabilidad de dimensionar adecuadamente la oferta pública.

No deja de resultar significativo que la última universidad pública creada en España lo fuera en 1998 y que, en la Comunitat Valenciana, no se haya creado ninguna desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, en 1996. Han transcurrido casi treinta años, se han sucedido gobiernos de distinto signo político y ha habido largos periodos en los que el mismo partido gobernaba simultáneamente en España y en la Comunitat Valenciana.

Si la insuficiencia de plazas públicas constituye un problema de la magnitud que se afirma, preguntémonos por qué y ampliemos la oferta. Pero no convirtamos esa insuficiencia en un reproche hacia quienes ofrecen una alternativa ni, mucho menos, hacia quienes libremente la eligen.

Tampoco podemos identificar universidad de iniciativa social con «cuenta corriente». Muchos de nuestros estudiantes pertenecen a familias con recursos económicos limitados y estudian gracias a becas y ayudas de la propia Universidad. Sus familias realizan, en ocasiones, un esfuerzo extraordinario. Familias que, además, contribuyen mediante sus impuestos al sostenimiento de las universidades públicas y después deciden dedicar parte de sus recursos a hacer posible la opción universitaria elegida por sus hijos.

También ahí hay mérito, mucho mérito. El de los estudiantes y, tantas veces, el de sus familias.

Pero hay una cuestión todavía más profunda. La ministra afirmó que la universidad pública impulsa el ascensor social, promueve el talento y la innovación, forma una ciudadanía crítica y constituye una escuela de democracia y un pilar de una sociedad libre, próspera y justa.

Mientras la escuchaba, no podía evitar preguntarme: ¿y nosotros no?

¿No promovemos el talento? ¿No investigamos e innovamos? ¿No contribuimos al ascensor social? ¿No formamos ciudadanos libres y críticos? ¿No educamos para la responsabilidad y el servicio a los demás? ¿No contribuimos también a construir una sociedad más libre, próspera y justa? Claro que sí.

Y acaso sea este el verdadero fondo de la cuestión. Estamos atribuyendo a la universidad pública cualidades y finalidades que pertenecen, en realidad, a la universidad.

El mérito no es público ni privado. El talento no es público ni privado. La investigación y la innovación tampoco. Ni la capacidad de formar ciudadanos libres y críticos. Son misiones propias de toda verdadera universidad.

Habrá universidades que las cumplan mejor y otras peor. Evaluémoslas, exijámosles calidad y sometámoslas a controles rigurosos. Seamos exigentes con las instituciones que no merezcan llamarse universidad. Pero juzguémoslas por lo que hacen y por cómo lo hacen, no por la naturaleza pública o social de su titularidad.

Porque quizá estamos confundiendo dos conceptos: lo público y lo estatal. No son necesariamente lo mismo. La educación superior presta un servicio público por el bien al que sirve, no exclusivamente por la naturaleza jurídica de la institución que lo presta. Una universidad de iniciativa social y sin ánimo de lucro puede formar, investigar, transferir conocimiento y servir al bien común sin ser de titularidad pública.

De hecho, miles de médicos y enfermeras de nuestros hospitales públicos, maestros de nuestros centros educativos, funcionarios de nuestras administraciones y otros servidores públicos se han formado en universidades de iniciativa social. ¿Es menos público el servicio que prestan por el lugar en el que estudiaron? Evidentemente, no.

Hablamos –y hacemos bien– de inclusión, diversidad, pluralismo y respeto a las decisiones libres. Esa consideración debería alcanzar también a las familias y a los jóvenes que eligen un proyecto universitario diferente.

No se trata de reclamar privilegios para nadie ni de restar recursos a nuestras universidades públicas. Se trata de reconocimiento y respeto. Y de comprender que un sistema universitario puede y debe ser plural.

Necesitamos una universidad pública excelente. Por supuesto. Pero necesitamos también universidades de iniciativa social excelentes. Quizá el debate no debería consistir en determinar quién es más público, sino quién sirve mejor al bien común.

Y en ese empeño nos necesitamos todos.