Lucía Gómez Tatay, investigadora del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia (UCV), ha participado recientemente en una jornada sobre desafíos legales y éticos planteados por las nuevas tecnologías emergentes organizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo, en su sede en Bruselas.

Su contribución se ha centrado en el estudio de las implicaciones éticas y jurídicas de la genómica humana sintética, disciplina que implica el diseño y construcción de secuencias del genoma humano mediante técnicas de síntesis de ADN. Para ello, ha elaborado un informe titulado Genómica sintética humana: estado actual y panorama ético, que ha servido de base para su presentación ante esta institución.

La genómica sintética representa un cambio significativo en las posibilidades de la investigación genética: de leer y modificar secuencias de ADN se avanza hacia la capacidad de diseñar y construir material genético desde cero. Aunque todavía no se ha conseguido sintetizar un genoma humano completo ni construir un cromosoma humano sintético completo, los avances científicos recientes permiten ensamblar fragmentos de ADN humano de gran tamaño e introducirlos en células de mamífero. Estos progresos hacen necesario anticipar las consecuencias éticas, jurídicas y sociales de su posible desarrollo futuro.

Dignidad humana, reproducción y protección de las generaciones futuras

Uno de los principales aspectos abordados por Gómez Tatay en el informe es la distinción entre las aplicaciones de la genómica humana sintética en investigación biomédica y sus posibles usos reproductivos. Mientras que la investigación puede abrir nuevas oportunidades para comprender el funcionamiento del genoma, estudiar enfermedades y desarrollar futuras terapias, su eventual utilización para generar seres humanos plantea interrogantes de especial trascendencia.

Entre ellos destacan la posibilidad de diseñar deliberadamente las características genéticas de futuros individuos, las nuevas formas de reproducción que podrían surgir y las implicaciones para la filiación genética y la autonomía reproductiva. También se analizan los riesgos de instrumentalización de la vida humana, la selección de características no terapéuticas y la eventual generación de individuos concebidos para satisfacer determinados intereses o finalidades.

El informe subraya que la dignidad humana debe constituir el criterio fundamental para valorar estas posibilidades. Ninguna persona debería ser considerada un producto diseñado para responder a las expectativas o necesidades de terceros.

Asimismo, se defiende que la protección del embrión humano no debe depender de la técnica utilizada para generarlo ni de su capacidad de desarrollo, criterios que otros autores han propuesto y cuya aceptación supondría desproteger a embriones humanos generados mediante estas novedosas técnicas. En cambio, Gómez Tatay argumentó que su consideración como embriones debe atender exclusivamente a su naturaleza biológica.

Privacidad genética y nuevos desafíos para la bioseguridad

Otro de los aspectos destacados del trabajo es la transformación que estas tecnologías podrían introducir en la protección de la información genética. La posibilidad de reconstruir material genético a partir de información digital, sin necesidad de disponer de células o tejidos de la persona, plantea nuevos riesgos relacionados con la privacidad, el consentimiento y el control sobre los datos genómicos.

Esta capacidad podría facilitar la reproducción no autorizada de genomas individuales, su utilización con fines reproductivos sin conocimiento de la persona afectada e incluso la fabricación de pruebas genéticas falsas.

El estudio diferencia estos riesgos de los problemas tradicionales de bioseguridad y bioprotección asociados a la síntesis de organismos potencialmente peligrosos. Por ello, propone abordar las amenazas relacionadas con la información genética mediante garantías específicas de consentimiento, privacidad, protección de datos y autonomía reproductiva, en lugar de recurrir indiscriminadamente a los mecanismos de detección de secuencias patógenas.

La necesidad de adaptar el marco regulatorio europeo

El informe realiza también una evaluación del marco jurídico vigente en la Unión Europea. Su conclusión es que no resulta necesario crear, por el momento, un régimen regulatorio completamente nuevo, puesto que existen instrumentos jurídicos que ofrecen una protección sustancial, entre ellos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos, la normativa sobre organismos modificados genéticamente y las disposiciones relativas a la investigación biomédica y los derechos humanos.

Sin embargo, identifica una cuestión importante: buena parte de la legislación actual está formulada pensando en la modificación de material genético preexistente, mientras que la genómica sintética permite construirlo desde cero. Esta diferencia técnica no debería dar lugar a una protección jurídica desigual cuando las actividades y sus riesgos sean funcionalmente equivalentes.

Por ello, Gómez Tatay plantea la necesidad de interpretar y, cuando corresponda, adaptar las normas existentes desde un enfoque tecnológicamente neutral. También destaca la oportunidad que ofrece la futura legislación europea sobre biotecnología, la llamada Biotech Act, para armonizar los mecanismos de control, verificación de usuarios y supervisión de la síntesis de ácidos nucleicos.

El estudio presta especial atención a la protección de los embriones humanos, las intervenciones genéticas heredables, la privacidad genómica y el bienestar animal, ámbitos en los que será necesario precisar la aplicación de las garantías existentes a medida que avance la tecnología.

Ciencia e innovación al servicio de la persona

La participación de Lucía Gómez Tatay en este trabajo del Parlamento Europeo pone de manifiesto la importancia de incorporar la reflexión bioética desde las primeras etapas del desarrollo de las nuevas tecnologías biomédicas.

La genómica humana sintética puede ofrecer oportunidades relevantes para la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas. Sin embargo, su progreso debe ir acompañado de una evaluación rigurosa de sus consecuencias y de garantías que aseguren el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el bienestar animal y la responsabilidad hacia las generaciones futuras.

La propuesta defendida en el informe apuesta por una gobernanza anticipatoria y proporcionada: promover la investigación científica y sus posibles beneficios, sin renunciar a establecer límites y salvaguardas que permitan orientar el desarrollo tecnológico hacia el bien de las personas y de la sociedad.