La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Rojo, ha participado en el Congreso Nacional sobre Victimización Secundaria en el Sistema Judicial, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia (UCV) en colaboración con la Generalitat Valenciana. Durante su intervención, Rojo ha advertido de que “en muchas ocasiones, cuando la víctima acude a los juzgados y tribunales, en lugar de encontrar amparo, lo que encuentra es un incremento del daño”. “Esta realidad —ha subrayado— nos debe obligar a todos a reflexionar y a mejorar la respuesta que damos desde las instituciones que trabajamos día a día en justicia”.

Desde su experiencia en el CGPJ, Rojo ha explicado que en España se está trabajando para reducir la victimización secundaria mediante instrumentos normativos como el Estatuto de la Víctima, el Convenio de Estambul o la nueva directiva europea sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica. No obstante, ha insistido en que “el verdadero reto pasa por armonizar los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas con las garantías procesales del investigado o acusado”, un equilibrio imprescindible, dijo, “para no dar ni un paso atrás en el Estado social y democrático de derecho”.

La vocal del CGPJ ha destacado además la importancia de la formación específica de jueces, magistrados y demás operadores jurídicos. “La formación es fundamental, no sólo en el trato a las víctimas, sino en todas las materias que abordamos en los juzgados y tribunales. Necesitamos un reciclaje continuo para ofrecer el mejor servicio público y, por supuesto, el mejor servicio a las víctimas”, ha afirmado. En este sentido, ha reivindicado el uso de un lenguaje claro y accesible en las resoluciones judiciales y destacó iniciativas como la adaptación de sentencias a lectura fácil para personas con discapacidad cognitiva, en colaboración con la asociación Plena Inclusión.

Rojo ha enumerado también algunas de las medidas ya implantadas para evitar la revictimización, como la red de oficinas de atención a las víctimas, el uso de cámaras Gesell y del modelo Barnahus para la toma de declaración de menores, así como los dispositivos que impiden el contacto visual entre víctima y acusado durante los juicios. Ha mencionado también la previsión, en la nueva directiva europea, de la creación de un “punto de acceso único” que concentre información y recursos para las víctimas, evitando su “peregrinaje” por distintas oficinas.

Asimismo, ha querido poner el foco en las víctimas especialmente vulnerables: mujeres en entornos rurales, personas con discapacidad, mujeres migrantes o sin recursos, y aquellas afectadas por delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, que pueden sufrir una “victimización continua” mientras los contenidos no son retirados de la red. Finalmente, ha animado al alumnado presente a implicarse en la mejora del sistema: “Que estéis aquí ya es un primer paso para cambiar las cosas”.

Formación, coordinación y apoyo integral a las víctimas

Por su parte, el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Soler, ha destacado que la Comunidad Valenciana “está desplegando la mayor red de atención a las víctimas del delito de España”, integrada por 37 oficinas locales y tres provinciales que “garantizan una intervención integral antes, durante y después del proceso judicial”. Estos servicios, explicó, cuentan con psicólogos, letrados y trabajadores sociales que ofrecen una atención individualizada conforme al Estatuto de la Víctima.

Soler ha señalado que la Generalitat trabaja contra la victimización secundaria en tres líneas prioritarias: formación especializada del personal, coordinación entre operadores jurídicos y sociales para evitar que la víctima repita su relato, y una atención integral que incluye apoyo asistencial, económico y social. “La reparación no es solo jurídica, también es moral”, ha subrayado.

El director general ha celebrado la colaboración entre la Generalitat y la UCV, de la que surge en este congreso, entre otras iniciativas, un documento de buenas prácticas y decálogos que “actualizará el conocimiento y permitirá ofrecer una atención mucho mejor a las víctimas”. Asimismo, ha anunciado que su departamento “seguirá reforzando la red de oficinas, ampliando la coordinación con recursos como los Centros Mujer o los servicios de salud mental, y adaptándose a las nuevas formas de victimización asociadas a la tecnología”, con el objetivo de avanzar hacia “una justicia más humana, accesible y centrada en la víctima”.

El impacto emocional del sistema judicial

La segunda jornada del congreso ha concluido con la ponencia del criminólogo y catedrático de Educación de la Universitat de València, Vicente Garrido, quien ha diferenciado entre la justicia “efectiva”, basada en leyes y procedimientos, y la justicia “afectiva”, que atiende a cómo las víctimas perciben el trato recibido. A su juicio, el gran reto del sistema es aproximarse a esa vivencia subjetiva: “Es imposible que la justicia satisfaga a todo el mundo, pero no por ello debe dejar de atender a nadie”.

Garrido ha advertido de que la victimización secundaria puede derivarse tanto del mal funcionamiento del sistema judicial, con su “lentitud exasperante”, como de leyes que no reflejan el sufrimiento real de las víctimas. Según ha explicado, sus principales demandas se resumen en participar en el proceso, que el agresor asuma su responsabilidad, ser reconocidas, tener voz, sentirse reivindicadas y estar seguras.

El criminólogo ha defendido la importancia de acompañar a las personas en su tránsito del rol de víctima al de superviviente, e incluso a quienes logran “convertir el dolor en sentido”. “No se trata de pasar página, sino de integrar la pérdida y seguir viviendo sin quedar atrapado para siempre en el momento del delito”, ha concluido.

El congreso, celebrado en la sede Trinitarios de la UCV, ha contado con la participación de la directora del encuentro, Silvia Sempere; la decana de la Facultad, Aránzazu Juan Blanco; y numerosos expertos del ámbito judicial, criminológico, psicológico, policial, social y académico, así como representantes institucionales y entidades especializadas en la atención a las víctimas.

La cita se enmarca en el convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana —a través de la Conselleria de Justicia y Administración Pública— y la UCV, destinado a impulsar actividades de investigación, formación e información vinculadas a la Dirección General de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia.

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